Convenio promovido por el CDE entregará la administración del Pukará de La Compañía a la UOH.

Segundo Tribunal Ambiental aprueba traspaso del Pukará de La Compañía a la UOH tras demanda por daño ambiental

Un acuerdo impulsado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pone fin al litigio iniciado en 2021 y entrega 65 hectáreas del Cerro Grande de La Compañía a la universidad estatal, institución que asumirá la reparación, investigación y administración del sitio.

Tras un extenso proceso judicial originado por daños ambientales y patrimoniales, el Segundo Tribunal Ambiental sancionó el acuerdo de transacción que transfiere la propiedad del Cerro Grande de La Compañía a la Universidad de O’Higgins (UOH). El predio de 65 hectáreas, ubicado en Graneros, alberga el Pukará de La Compañía, declarado Monumento Histórico en 1992 y reconocido como el asentamiento incaico con evidencia de actividades estatales más austral del Imperio Inca.

El caso tuvo su origen el 15 de septiembre de 2021, cuando el CDE interpuso una demanda por daño ambiental tras detectarse intervenciones no autorizadas en la cumbre del cerro. Entre los daños registrados figuraban la destrucción de ruinas arqueológicas, la apertura de caminos para maquinaria pesada y la alteración de muros perimetrales durante la instalación de una tercera antena de telecomunicaciones.

Con la aprobación judicial del acuerdo en agosto de 2026, la UOH asumirá la titularidad del inmueble a cambio de ejecutar un plan integral de reparación y compensación. Entre las medidas comprometidas destacan:

• El retiro de una de las antenas instaladas.
• La clausura del acceso vehicular a la cumbre y la construcción de un cierre periférico.
• La habilitación de un circuito peatonal de 700 metros y la restauración de las zonas intervenidas.
• La elaboración de un Plan de Manejo del Monumento Histórico para regular la investigación científica, el acceso público y la educación patrimonial.

El sitio presenta al menos tres etapas documentadas de ocupación —pueblos originarios locales (1310-1440), la presencia incaica (1430-1530) y el uso defensivo durante la conquista española—. Su condición previa de propiedad privada limitó por décadas el desarrollo de estudios sostenidos, por lo que su paso al dominio público permitirá abrir el área a proyectos arqueológicos de largo plazo y vincular el espacio con las comunidades locales.