Columna de opinión, Alejandra Avendaño, seremi de Energía

La reciente desarticulación de una organización criminal dedicada al robo y
receptación de cobre en la Región de O’Higgins, mediante el operativo “Veta
Roja”, constituye una buena noticia. Demuestra que la coordinación entre la
Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, los organismos
públicos y las empresas eléctricas puede producir resultados concretos frente a
delitos que afectan directamente la calidad de vida de las personas.
Tal como lo hemos venido trabajando en nuestra región, en la Mesa Regional
de Robo de Cable, que lidera el Ministerio de Seguridad Pública y nosotros
como Ministerio de Energía.
Con frecuencia se cree que el robo de cables solo causa perjuicios a las
compañías eléctricas. Sin embargo, sus efectos son mucho más extensos. Es
un delito que afecta la continuidad del suministro eléctrico y golpea a miles de
familias que necesitan energía para iluminar sus casas, estudiar, trabajar,
calentar sus hogares o conservar alimentos.
Los pequeños negocios y los emprendedores también sufren sus efectos. Un
corte inesperado puede interrumpir los procesos de producción, detener la
atención al cliente y generar pérdidas económicas difíciles de recuperar. En
una zona con una intensa actividad de comercio, agricultura y servicios, toda
interrupción del suministro impacta directamente en la economía local.
Las afectaciones a los servicios públicos y a los centros de salud son una
fuente de particular inquietud. Para operar equipos, conservar los
medicamentos en condiciones de refrigeración y asegurar un servicio seguro a
los pacientes, los centros médicos, las postas rurales y las clínicas necesitan
energía constante.
Se agrega a esto un asunto de seguridad. La falta de energía afecta al
alumbrado público y se incrementa la sensación de inseguridad, vulnerabilidad
y puede favorecer otros delitos. Además, la manipulación ilegal de
instalaciones eléctricas puede causar incendios y accidentes graves.
Por eso, el combate al robo de cables requiere un esfuerzo permanente y
coordinado. La colaboración entre instituciones públicas, policías, Fiscalía y
empresas eléctricas es fundamental para proteger una infraestructura
estratégica para el desarrollo regional. Porque cuando se roba un cable no solo
se sustrae cobre: se afecta la seguridad, la economía y la calidad de vida de
miles de habitantes de la Región de O’Higgins.